El jefe del Programa Defensa del Consumidor, Alberto Montiel Díaz, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social, tiene en proceso 30 expedientes de clientes de la ciudad de San Luis contra el Banco Supervielle.

A continuación, se detallan distintos motivos de reclamos por parte de los demandantes:

La entidad bancaria otorga varios préstamos personales, donde la suma de las cuotas absorbe más del 70% del monto total del sueldo.

Cuando los beneficiarios de la tarjeta de crédito Visa se demoraban en el pago, solicitaban una refinanciación de dicha deuda y desde el banco sólo les ofrecían una refinanciación de todos los paquetes que era titular, incluyendo préstamos personales (que no estaban en mora, porque se descuenta por débito automático la cuota más deuda de tarjeta Visa), refinanciando así todo, volviendo a generar nuevos intereses sobre los ya establecidos.

No se otorga la información mínima obligatoria establecida por la ley, que debe brindarse por escrito y de modo claro, como la tasa de interés efectiva anual.

Jubilados y pensionados se les cobra gastos sobre la caja de ahorro donde se les deposita el beneficio. Además, se les cobran seguros de vida que no han sido contratados; se cobra la emisión y envío de resumen de la tarjeta de crédito y nunca les llega a su domicilio; reciben un mal trato y poco asesoramiento por parte del personal del Banco. Se les hace adelanto de la fecha de pago sin que lo hayan pedido de modo fehaciente, cobrando así comisiones por dicho beneficio, entre otras.

Encontrándose en la etapa conciliatoria, se le otorgó al Banco Supervielle un plazo de 10 días hábiles para que presentara su propuesta conciliatoria. Pero dado a que este plazo se venció y no presentaron ninguna propuesta, la entidad solicitó una prórroga, aduciendo que no tenían sede central en ciudad de San Luis. En función de ello, el jefe de Programa denegó dicho pedido de prórroga, argumentando que “ellos tienen la obligación de poseer la administración central en la provincia de San Luis, por el contrato de agente financiero firmado oportunamente con la provincia”.

En consecuencia a lo sucedido, Montiel Díaz procedió a imputar al Banco Supervielle, considerándolo la parte infractora frente a los hechos denunciados y a determinados artículos que se tipifican de acuerdo a la Ley de Defensa del Consumidor. Así mismo, se definió un nuevo plazo de 5 días para que la firma bancaria presente su defensa y las pruebas que considere convenientes, todo ello dentro de la etapa de imputación, que es el paso previo al dictado de la resolución definitiva y/o sanción.