“La educación es un derecho y no un privilegio”, dijo la presidenta chilena. La iniciativa le devuelve el carácter público y gratuito.

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, envió hoy al Congreso el proyecto de ley de reforma educativa que le devuelve su carácter público y gratuito y reafirmó que “la educación es un derecho y no un privilegio”.

“Hoy día estamos dando el primer paso en la reforma educativa más importante que Chile ha tenido en los últimos 50 años”, dijo la mandataria en la ceremonia en el palacio de La Moneda.

“Las posibilidades de una persona no pueden depender de lo que ella pueda pagar”, enfatizó. “El lucro, la selección y el copago, son incentivos equivocados. Debemos terminar con ellos para tener un mejor sistema”, dijo la jefa de Estado sobre su emblemática reforma que pretende cambiar el paradigma de la educación diseñado bajo la dictadura y que ha prevalecido hasta ahora.

La firma de esta iniciativa ocurre días después de que la reforma tributaria destinada a financiarla sorteara favorablemente su primer trámite legislativo. Ambas reformas constituyen la base de las promesas electorales con las que Bachelet volvió este año a la jefatura del Estado chileno, cinco años después de haber terminado su primer mandato.

El proyecto, que tiene más de 50 páginas, persigue el objetivo de cambiar el paradigma de la educación chilena, reforzar el sistema público de enseñanza y dar poder a las familias para que sean ellas las que escojan los colegios y no al revés, anticipó el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre.

La iniciativa postula dejar atrás el financiamiento compartido mediante el congelamiento de los montos que cobran los colegios (“copago”) a padres y reemplazarlo gradualmente por un subsidio estatal, informó el diario La Tercera.

En Chile hay actualmente 3.470 establecimientos educativos que declaran tener fin de lucro y deberán transformarse en fundaciones sin esa finalidad. Esos colegios y universidades tendrán dos años de plazo para realizar la conversión de su estado societario y podrán solicitar al Estado que compre los inmuebles donde funcionan.

A la vez, el Estado tendrá un período de 12 años para pagar esos inmuebles y descontará del precio la inversión que realice en infraestructura. Asimismo, el proyecto prevé la creación de un organismo estatal para la compra de colegios de aquellos propietarios que deseen dejar la actividad con el nuevo régimen, a fin de evitar cierres masivos y caída de la matrícula.

Por otra parte, la reforma busca dejar atrás la facultad de los colegios de seleccionar a los alumnos que admiten mediante evluaciones, para lo cual postula un sistema en el que los padres puedan establecer un orden de preferencia para postular a sus hijos.

Las normas para el funcionamiento del sistema educativo rigen desde la última dictadura (1973-90) y son resistidas desde hace años por gran parte de la sociedad chilena. Las protestas, encabezadas por organizaciones estudiantiles y de docentes, se hicieron especialmente frecuentes durante el mandato de Piñera, aunque se habían iniciado bastante antes.