“Sorpresas” que va arrojando la intervención.

A medida que pasan los días, los datos que van apareciendo sobre el manejo de la política habitacional no dejan de sorprender.

Caso I.  A través de una denuncia que comenzó a investigar la interventora Ángela Gutiérrez de Gatto, apareció el caso de un grupo económico, que alquilaba viviendas sociales. La información  fue difundida primero por Radio Lafinur. Un rastreo en Catastro arrojó que el mismo en realidad tiene a su nombre 12 propiedades, de las cuales 5 casas pertenecen a alguno de los planes de vivienda provincial.  Más a fondo: al parecer el poderoso grupo tendría en total unas 100 propiedades en toda la provincia.

Caso II. El 12 de noviembre de 2015 mediante el decreto 806 el Gobierno le otorgó una vivienda social al entonces ministro de Seguridad, Diego Pagella. El dato, preciso y contundente,  también  aportó la interventora de la Secretaría de Viviendas, Ángela Gutiérrez de Gatto.

Pagella fue adjudicatario del Plan Progreso en Villa Mercedes. Gutiérrez de Gatto difundió esa información el jueves por la noche en el programa Estado de Situación que conduce Alberto Trombetta. Y anticipó que la vivienda será desadjudicada. “Se la voy a hacer devolver, a él y a varios más. Esto es perverso me duele como puntana”, dijo.

En Vivienda no se explican porqué una jueza y un ministro  recibieron su casa antes del fin de la gestión, mientras  todavía hay 140 inscriptos, que en su núcleo familiar tienen a una persona discapacitada, y todavía esperan por un hogar.

Los casos de la jueza, el ministro y la empresaria, son sólo un eslabón de una cadena de malas prácticas que la interventora viene detectando desde que tomó las riendas de la Secretaría. A principios de semana la funcionaria ya había hablado con El Diario y había alertado sobre la formación de un círculo vicioso formado por casas sin habitar y otras que se alquilan o comercializan a pesar de que está expresamente prohibido. Por eso también anunció que fue suspendida la posibilidad de cancelación anticipada de las viviendas ya que quien puede cancelar una casa “es porque quizá no necesita una vivienda social”, dijo.

Una grieta que encontró la interventora es que no hay registros confiables de las adjudicaciones realizadas entre 2012 y 2015. Sin embargo, aseguró que no sólo apuntará a los hechos en los últimos cuatro años. “Voy a revisar para atrás también. Venimos a sanear toda la política habitacional”, aseguró.

Otro de los casos que está bajo la lupa es el de María Esther Farina de Peralta, esposa del ex intendente de Renca, quien habría recibido de manera irregular una vivienda en la localidad de Tilisarao. Gutiérrez de Gatto señaló que irá a fondo con esa  y todas las denuncias que se reciban en la página web www.denunciasviviendas.sanluis.gov.ar

“No se acaban las viviendas. Adolfo y Alberto son los gestores de la política habitacional y las vamos a seguir. No se acaban los planes de vivienda como algunos rumores pretenden sembrar. Pero para que de aquí en más el plan de viviendas que se vaya a lanzar tenga bases sólidas, es necesario sanearlo”, concluyó.