Intimarán a los deudores que ya tienen su vivienda o están próximos a recibirlas. Además trabajan para evitar la venta o alquiler de casas sociales, o que tengan irregularidades de habitabilidad.

El 58,32% de los beneficiarios de viviendas construidas por el Estado, desde 1983 hasta la actualidad, son deudores de cuotas, según informaron desde la Secretaría de Urbanismo, Vivienda y Parques.

De esta forma, la deuda total de los adjudicatarios morosos asciende a $490.000.000,00 al 1° de marzo de 2016.

Ante este crítico escenario, desde la Secretaría se procedió a solicitar a la Dirección de Ingresos Públicos la intimación de pago a los deudores que ya tienen su vivienda o están próximos a recibirlas. “La situación es muy compleja. Si la gente pagara todo el dinero que se adeuda, el Gobierno podría construir más viviendas para satisfacer las necesidades de toda la población. Además hay que tener en cuenta un punto muy importante como los valores ínfimos de las cuotas. Hay beneficiarios que aún pagan cuotas de $60 o $90. Si ellos no pagan, el Estado debe afrontar la inversión para levantar una vivienda y este dinero proviene de los impuestos que cada uno de los puntanos paga diariamente. Esto es falta de sensibilidad y respeto con los próximos inscriptos”, dijo el secretario de Urbanismo, Vivienda y Parques, Miguel Ángel Gutiérrez Díaz.

Luego de la intimación a cada uno de los morosos, si no cumplen con el pago de la deuda en un plazo establecido, se procederá a desadjudicar la vivienda.

Desde 1983, el Gobierno de la provincia de San Luis ha entregado 64.401 viviendas de diversos planes, de las cuales sólo el 25,10% no registra deuda.

Por otra parte, desde la Secretaría de Urbanismo, Vivienda y Parques se trabaja en conjunto con el Colegio de Escribanos de la provincia y de Martilleros Públicos y Corredores, con el objetivo de coordinar acciones para evitar la venta o alquiler de viviendas sociales, ya que a través de documentos se realizan estas transacciones de forma irregular.

“Pretendemos que la vivienda cumpla la función social de dar solución a la necesidad de cada familia puntana, por lo que coordinamos acciones para evitar que se distorsione la finalidad que con tanto esfuerzo lleva adelante la Provincia, que es dar solución habitacional a quien la necesita”, enfatizó Gutiérrez Díaz.