“Niñas no madres” fue uno de los reclamos que movilizó al feminismo argentino a principio de este año a partir de dos casos que de menores -una de 11 años y otra de 13- que habían sido violadas y a las que se le negó la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en dos provincias del norte del país. El mismo grito se escuchó en el otro lado de la cordillera en 2013. Otra nena, esta vez chilena, violada y embarazada por su padrastro fue obligada a parir.

El episodio abrió un fuerte debate sobre el aborto en la sociedad chilena. En ese momento, a diferencia de acá en que la interrupción es legal desde 1921, en Chile regía una ley absolutamente prohibitiva que databa de la época del dictador Augusto Pinochet. Las declaraciones del presidente, Sebastián Piñera, -que entonces transitaba su primer mandato- a favor de la continuidad del embarazo de la nena hicieron que las mujeres de ese país salieran el 25 de julio del 2013 por primera vez a la calle para pedir por el aborto libre, seguro y gratuito.

Hasta 2017, Chile formaba parte de un puñado de países de América Latina que prohibían totalmente y penalizaba la práctica. En julio de ese año, después de dos años de haber sido presentada y de un tenso debate, el Senado aprobó la legalizar la interrupción del embarazo en caso de riesgo de vida para la madre, inviabilidad del feto y violación. El proyecto había sido enviado por la entonces presidenta Michelle Bachelet y avanzaba en la concesión de derechos de las mujeres.