Lo anunció la presidenta Michele Bachelet, quien dijo que el sistema “perdió credibilidad”. Formará una comisión de especialistas locales e internacionales para estudiar el sistema y sugerir cambios. Está vigente desde 1980 bajo la disctadura de Pinochet y genera críticas por los bajos ingresos de los jubilados.
Bajo el sol del mediodía, Ana se dobla, vencida por el sueño sobre el banco de una coqueta plaza de Vitacura, uno de los barrios más acomodados de Santiago. Tiene ochenta años y es pensionada, pero ahí está día tras día, barriendo hojas de los parques para una empresa de servicios. Necesita el trabajo, porque la jubilación no le alcanza para cubrir sus gastos.

Son muchas las Anas que cocinan, cosen o hacen lo que pueden para aumentar su pensión en Chile, un país miembro de la OCDE donde obtener la jubilación no garantiza la supervivencia. De ahí que el sistema privado de pensiones -que paga según lo que el aportante depositó en su vida laboral- aparezca cada vez más cuestionado y esté a punto de revisarse.

“No queremos un país en que la tercera edad sea sinónimo de vulnerabilidad o desprotección, y donde la jubilación, en vez de descanso, traiga aflicciones a las personas”, declaró la presidenta Michelle Bachelet la semana pasada, al anunciar la creación de una comisión internacional de asesores.

Los 25 expertos, de alto nivel técnico y profesional, pondrán bajo la lupa el sistema impuesto por el régimen de Augusto Pinochet en 1980-81 y adoptado por numerosos países de Europa del Este y de América Latina, incluida la Argentina, que volvió al sistema de reparto en 2008. En octubre se expondrán las conclusiones preliminares y en enero de 2015 habrá una propuesta de reforma.

“Las administradoras de fondos de pensiones (AFPs) han perdido credibilidad en la ciudadanía y su modo de funcionamiento merece ser analizado en detalle”, destacó la presidenta Bachelet, subrayando que “mejorar el sistema previsional toma tiempo”.

Más allá de las futuras recomendaciones de la comisión, el programa de gobierno de la Nueva Mayoría promete crear una AFP estatal que compita con las seis AFP privadas, pero no derogar el sistema, como exige por ejemplo la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Desde el ejecutivo también se propone aumentar los aportes, pero esta vez involucrando al empleador y al Estado.

“Las AFP han administrado los recursos de los trabajadores de una manera extraordinariamente eficiente, con una rentabilidad superior al 8%. Si no se han alcanzado mejores pensiones, como lo reconocen todos los técnicos, no se debe al funcionamiento del sistema”, destacó el presidente de la Asociación de AFPs, Guillermo Arthur.

Según las AFPs, junto a factores como la mayor expectativa de vida, en Chile el problema son las llamadas “lagunas previsionales”, los años en los que el afiliado no aportó. El sistema privado no las compensa, al punto que la pensión promedio (unos 320 dólares en 2013) es inferior al salario mínimo (372 dólares) y está entre las más bajas de la región, junto a las de Bolivia y Perú. Desde 2008, durante el primer gobierno de Bachelet, el Estado -además de completar algunas jubilaciones- garantiza una pensión básica solidaria por vejez o invalidez de 145 dólares, que se pagan solo si se cumple con una serie de requisitos.

“Es un sistema de ahorro forzoso en el que los aportes triplican las pensiones“, señala Manuel Riesco, del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA). Este think-tank advierte que el sistema de AFP representa “un cuantioso traspaso de recursos desde los asalariados y desde el Estado hacia los grupos privados”, por lo que pide su fin.

Desde los 80, cuando la gran mayoría de los trabajadores asalariados entró al sistema de capitalización individual (excepto las Fuerzas Armadas y los Carabineros, que conservaron sus cajas previsionales) en Chile es obligatorio adherir al sistema privado de jubilación, algo prácticamente inédito en el mundo.

Hoy son 9,5 millones de trabajadores chilenos con una cuenta en una AFP, a la que aportan el 10% de sus ingresos y pagan una comisión de un 1,5% promedio. El sistema permite optar por cinco tipos de fondos, de mayor o menor riesgo, de renta fija o variable. Así, la jubilación depende (además de los aportes) del éxito que tenga la inversión que hace la AFP en el mercado de capitales nacional e internacional.
Además, las AFP dan opciones de retiro anticipado o postergado más allá de la edad mínima de jubilación, que hoy es de 60 años para las mujeres y 65 para los hombres. Pero debido al bajo nivel de pensiones, en la última década aumentó en un 65 por ciento el número de mayores de 65 que sigue trabajando porque, como a Ana, la jubilación no le alcanza para nada.