El fiscal Marijuan denunció al secretario Iguacel por la resolución en la que dispuso una compensación para las distribuidoras de gas. En su denuncia, el fiscal pidió que se dicte una medida cautelar “urgente” para suspender los aumentos.

La denuncia es por supuestos delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, según el artículo 248 del Código Penal que dice que “será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.

“Si bien se justifica la aplicación de la medida con el fin de compensar a las prestadoras del servicio de distribución como consecuencia de la variación del tipo de cambio, la resolución cuestionada provoca un perjuicio al patrimonio de los consumidores”, dice el fiscal.