EL CONSEJO DE ÉTICA DE LA CÁMARA BAJA DE BRASIL DEBERÁ REINICIAR UN PROCESO POR CORRUPCIÓN CONTRA EL PRESIDENTE DE ESE ÓRGANO LEGISLATIVO, EDUARDO CUNHA, POR “ERRORES DE PROCEDIMIENTO” EN EL NOMBRAMIENTO DEL DIPUTADO INSTRUCTOR DEL CASO.

El anuncio fue hecho en medio de una sesión por el presidente del Consejo, José Carlos Araújo, quien indicó que fue notificado por la Mesa Directora de la Cámara de que el diputado Fausto Pinato, hasta ahora instructor de la acción contra Cunha, estaba “impedido” para ejercer ese cargo.
La Mesa Directora argumentó que, según la normativa interna, el instructor no puede pertenecer a un mismo bloque parlamentario que el acusado y que Pinato es del Partido Republicano Brasileiro (PRB), que actúa en el mismo grupo que lidera el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), del cual es miembro Cunha.

De esa manera, el Consejo de Ética deberá nombrar otro instructor en el proceso que juzga a Cunha por sospechas de que se benefició de la red de corrupción que operó en la estatal Petrobras.

Diputados que consideran a Cunha culpable y defienden que pierda su escaño denunciaron que la decisión de la Mesa Directora carece de “legalidad” pues habría sido influida por el propio acusado, quien la dirige en su condición de presidente de la Cámara.

En medio de discusiones, Araújo canceló la sesión y anunció que recurrirá ante la Mesa Directora, a pesar de mostrarse favorable a nombrar un nuevo instructor, lo cual supondrá que todo el proceso deberá ser reiniciado en su totalidad.

Según la Fiscalía, Cunha recibió de la red de corrupción en Petrobras al menos unos 5 millones de dólares y mantenía ese dinero en unas cuentas secretas en bancos suizos, cuya existencia negó pero fue comprobada por la propia Justicia helvética.

Como jefe de la Cámara baja, Cunha aceptó iniciar el trámite para un juicio político contra la jefa de Estado, Dilma Rousseff, debido a irregularidades fiscales en las que ha incurrido el gobierno para maquillar sus resultados. La oposición sostiene que esas maniobras suponen un “delito de responsabilidad”, que es una de las causas que la Constitución contempla para destituir a un mandatario.

El proceso contra Rousseff comenzó ayer en la Cámara de Diputados pero fue suspendido por la Corte Suprema, que atendió una demanda contra los trámites adoptados en la elección de una comisión parlamentaria que examinará las acusaciones contra la mandataria.

El jefe de los diputados integra una lista de medio centenar de políticos sospechosos de haberse beneficiado de corrupción en Petrobras, que salpican además a una veintena de empresas privadas.

En esa lista está también el actual presidente del Senado, Renan Calheiros, quien al igual que Cunha pertenece al oficialista PMDB, que lidera el vicepresidente del país, Michel Temer.