EL GOBIERNO DE VENEZUELA ASEGURÓ HOY QUE EN LAS ELECCIONES PARLAMENTARIAS DEL DOMINGO PRÓXIMO NO HABRÁ VIOLENCIA, PARA LO CUAL DESPLEGARÁ A 188.000 EFECTIVOS MILITARES EN TODO EL PAÍS, Y TAMPOCO “GOLPE DE ESTADO” NI AUTOGOLPE.

“Se ha pretendido mitificar el 6 de diciembre; ese día será una fiesta electoral, no va a haber ni golpe de estado, ni junta cívico-militar, ni mucho menos militares, pero tampoco habrá violencia”, afirmó el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino.

El funcionario detalló que a partir de mañana se desplegarán 163.000 militares para resguardar los centros de votación y el material electoral, y otros 25.000 quedarán acuartelados para actuar inmediatamente “en cualquier parte del país en función de una necesidad específica”.

En los comicios se renovarán las 167 bancas de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) y, por primera vez desde que el chavismo llegó al poder, hace 16 años, todas las encuestas de intención de voto asignan una holgada ventaja a la oposición.

Para la jornada electoral, el gobierno solo aceptó la presencia de dos misiones de “acompañamiento”, una de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y otra de políticos iberoamericanos, pero ninguna de observación, pese a los reclamos de la oposición y diversos organismos internacionales.

“Más allá de declaraciones que pueden ser muy apasionadas, no hemos visto la posibilidad de que se pueda trastocar el orden democrático en Venezuela”, afirmó el coordinador general de la misión de la Unasur, el boliviano José Luis Exeni, al canal Venevisión.

Exeni destacó que desde que llegó a Caracas observa “mucha agresividad verbal”, pero expresó su “plena confianza” en que las elecciones se realizarán con normalidad y con un alto nivel de participación”, aunque advirtió que “la comunidad internacional está muy atenta”.

El ex presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero coincidió con Exeni en que se oyen “discursos muy inflamados en términos políticos y pasionales y de radicalismo”, y sostuvo que “es muy importante para América latina en su conjunto y para Venezuela que la racionalidad se imponga, que las reglas democráticas prevalezcan”.

Rodríguez Zapatero llegará esta semana a Caracas para integrar la misión de dirigentes iberoamericanos junto al ex presidente panameño Martín Torrijos y el senador colombiano Horacio Serpa.

También por primera vez desde el acceso del chavismo al poder, el proceso electoral que culminará el domingo encuentra a cerca de 80 dirigentes opositores en la cárcel y un clima creciente de tensión que, por ejemplo, determinó que en esta campaña no se registraran manifestaciones multitudinarias, como era usual en el país.

En los dos episodios de violencia más relevantes, el dirigente opositor Luis Díaz fue asesinado a balazos en un acto de campaña en Altagracia, en el estado Guárico, el miércoles pasado, y tres días antes, en Caracas, una caravana opositora fue baleada por un grupo de motociclistas identificados con el oficialismo.

En ese contexto, el vicepresidente Jorge Arreaza aseguró ayer que la esposa del líder opositor preso Leopoldo López, Lilian Tintori, es “objetivo” de mercenarios que buscan asesinarla y el gobierno le ofreció protección, que la mujer rechazó porque cree que quienes la persiguen son las propias autoridades.

Paralelamente, menudearon versiones sobre supuestas intenciones de sectores tanto oficialistas como opositores de dar un golpe de estado si el resultado oficial de las elecciones del domingo no les resultara satisfactorio, descartadas coincidentemente por el gobierno -en la declaración de hoy del general Padrino- y sus adversarios.

El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que reúne a 28 partidos opositores, Jesús Torrealba, dijo ayer por televisión que “hasta para dar un golpe de estado hace falta tener un capital político, y eso (el presidente, Nicolás) Maduro ya no lo tiene”.

No obstante, en un documento divulgado hoy, la MUD advirtió que la Fuerza Armada Nacional (fuerzas armadas) “tiene la obligación de velar” para que “la norma constitucional y la voluntad popular se respeten incondicionalmente tanto en el acto de votación como en los escrutinios”.