La ministra de Desarrollo Social, Alida García Peanú, mantuvo este lunes la primera de una serie de reuniones con intendentes destinadas a articular políticas sociales de manera conjunta, a fin de facilitar los derechos de los puntanos. Del encuentro, realizado en la Escuela de Capacitación de la cartera, participaron 50 jefes comunales.

“El objetivo de este encuentro fue informarle a los municipios de qué manera focaliza el ministerio las diferentes políticas sociales y articularlas de manera conjunta, a fin de facilitar los derechos de todos los puntanos”, explicó la jefa del Programa Desarrollo Humano y Protección Social, Eugenia Cantaloube, luego de la reunión de la que participaron 50 intendentes y representantes de los municipios.

“Desde la cartera, pusimos a disposición las herramientas facilitadoras para el bien común con las que contamos, con el objetivo de mantener una comunicación clara y eficaz”, agregó la funcionaria.

Al respecto de estas herramientas destacó los registros únicos de discapacidad, el Programa Familia Solidaria, el Plan Nacional Trabajar y la puesta en marcha, la próxima semana, de una página web interactiva, entre otras acciones.

La idea es trabajar con los municipios a través de los referentes sociales de los mismos: “Brindaremos asistencia social, realizaremos relevamientos, intensificaremos la comunicación y trabajaremos en las necesidades excedidas de los municipios como Gobierno, para ser facilitadores y no dejar vulnerable a ningún puntano y sin asistencia inmediata”, expresó Cantaloube.

El municipio que no cuente con un área social deberá conformarla con las personas que considere adecuadas y desde el ministerio se los capacitará de manera permanente.

Durante la reunión, los intendentes expusieron sus inquietudes respecto a situaciones específicas: “El tema de los asentamientos y cómo dar solución, así como también la situación de los trabajadores del Plan de Inclusión Social y pasantes y la generación genuina de trabajo son cuestiones que fueron abordadas”, manifestó la funcionaria.

En la misma línea, la jefa del Programa expresó: “Es un tema que nos preocupa, se trata de familias que vienen a San Luis desde el extranjero y otras provincias, muchas sin documentación, la idea es no dejarlas vulnerables y desarrollar acciones preventivas para evitar el crecimiento y generación de estos asentamientos”.

“Ante la inquietud de la situación de los trabajadores del PIS, les aclaramos que las personas que no fueran absorbidas dependen exclusivamente del ministerio y deben volver a la cartera; y a los pasantes se los capacitará”, agregó Cantaloube.