La Asamblea Ambiental de Gualeguaychú prepara una nueva protesta anti-papelera en contra de la resolución del presidente uruguayo José Mujica, que permite a la planta de Botnia-UPM llevar al máximo de su capacidad la producción de pasta. “Que el Gobierno denuncie en La Haya, y nosotros seguiremos haciendo lo nuestro”, dijo ayer a Clarín el dirigente asambleísta Martín Alazard, mientras graffiteaba el puerto de Gualeguaychú con carteles alusivos. “Tendremos que volver a la lucha de años atrás”, sostuvo. ¿Es decir? “No lo sabemos, no hay nada decidido aún. Nos estamos convocando para la reunión del miércoles, y allí votaremos”, agregó Raúl Almeida.

Los asambleístas confían en que una nueva presentación ante la Corte Internacional de Justicia obtendría, esta vez, una resolución favorable a Argentina, por tres motivos: uno, la violación del Tratado Binacional del Río Uruguay (que exige a cada país consultar al otro ante medidas de envergadura que puedan afectar el recurso compartido. En este caso, además, era clara la postura contraria de Argentina tal medida, dicen). “Uruguay además viola el fallo de la Corte Internacional, que ordenó a los dos países abstenerse de agravar la situación”, declaró la abogada Ana Angelini. En tercer lugar, apuntan que “ya existe contaminación probada y daño al medio ambiente desde que Botnia comenzó a funcionar”.

Tanto Alazard como Gustavo Rivollier recordaron que la autorización inicial de Uruguay a través del primer estudio de impacto ambiental fue por 900 mil toneladas anuales de pasta de celulosa. En octubre de 2013, Mujica autorizó a elevar el volumen a 1,2 millones y ahora, a 1,3. Esto produce, dijo Alazard, “una tonelada diaria de material particulado” emitido al ambiente, con sustancias altamente tóxicas respirables.

No solo señalan al gobierno uruguayo. También hay reclamos a las autoridades de Finlandia y de Argentina: el país del norte “tiene responsabilidad, ya que la planta química de Kemira ubicada dentro del predio de Botnia-UPM y que produce insumos necesarios para la pastera, pertenece al gobierno finlandés en más del 90%”, dijo Oscar Bargas. En cuanto al gobierno de Cristina Fernández, apuntan que “está bien que vuelva a La Haya, pero tiene otras cosas más que hacer” en cuanto al conflicto. Por ejemplo, el monitoreo conjunto no ha dado resultados, hay asambleístas judicializados por la protesta y el canciller Héctor Timermann lleva dos años sin responder el pedido de audiencia que le elevaron.

El gobernador entrerriano Sergio Urribarri, por su parte, respalda la decisión de retornar a La Haya. Y el intendente de Gualeguaychú, Juan José Bahillo (FpV), acusó a Uruguay de “actuar de mala fe. Se agotaron todas las instancias diplomáticas de diálogo por culpa de posiciones cerradas, obtusas, que no dejan otra alternativa que la de ir a la Justicia”, dijo.

Anoche, graffitis mediante, los asambleístas le recordaron al Gobierno la frase de batalla que acuñó Néstor Kirchner en el corsódromo de la ciudad: “¡Causa nacional! Presidencia Kirchner. Fuera Botnia-UPM”, se leía con pintura fresca en una de las paredes del puerto de Gualeguaychú.