La Corte Suprema de la Nación desestimó un recurso de queja presentado por el Sindicato de Peones de Taxis y dejó firme el fallo de un juez de primera instancia el cual afirmaba que la actividad realizada por los choferes de Uber no era ilegal, sino una actividad comercial lícita.

Se trata de un fallo de octubre de 2016 del juez porteño Luis Alberto Zelaya en el que había afirmado que la actividad que realiza la empresa de transporte es lícita ya que la prestación del servicio de transporte de pasajeros sin contar con habilitación oficial “no configura una conducta tipificada por la legislación punitiva”. De esta forma, podrían existir faltas administrativas o infracciones de tránsito, pero no delitos.

La Corte no se expidió sobre la legalidad o ilegalidad de Uber sino que “desestimó un recurso de queja ante el incumplimiento de recaudos previstos en la acordada 4/2007, es decir, cuestiones formales”, explicaron sus voceros. Pero indirectamente avaló lo que dispuso Zelaya, ratificado luego por la Cámara Nacional en lo Criminal.