Hugo Díaz fue visto por última vez el 9 de marzo. En el caso se cruzan ex agentes de inteligencia y una banda dedicada al tráfico de dólares, el lavado y las extorsiones. El miércoles 24 de junio, el juez en lo Penal Económico de Capital Rafael Caputo ordenó 31 allanamientos en busca de pruebas contra una banda investigada por lavar dinero y traficar divisas entre Buenos Aires y Ecuador, Australia, Uruguay y México. La mayoría de esos procedimientos se realizaron en la City porteña, pero entre los lugares apuntados también estuvo una coqueta casona ubicada en una de las zonas más exclusivas de Banfield, sobre la calle Alem al 1200.
Aunque en el lugar no se encontró a nadie, la propiedad es punto de contacto entre dos expedientes explosivos: el que lleva adelante Caputo e involucra a espías y a “cuevas” en el blanqueo de dinero y extorsiones varias; y el que tiene a su cargo la fiscal de Instrucción Estela Andrades por la desaparición del financista Hugo Díaz, de quien no se tienen noticias desde el 9 de marzo pasado.
En el expediente que el juez Caputo lleva adelante junto con la fiscal María Luz Rivas Diez y con la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la casa de la calle Alem tiene una historia muy particular: la propiedad pertenecía a un matrimonio que fue privado de su libertad y obligado a transferirle la casa a un ex agente de la ex SIDE (al que apodan “Mandril”) por una deuda. En la casona luego sería alojada una “mula” española que había entrado al país desde España con 1.200.000 dólares en efectivo.
A su vez, en la causa que está a cargo de Estela Andrades se secuestró un boleto de compraventa en el que el agente “Mandril” aparece vendiendo la propiedad a Hugo Díaz por 850.000 dólares. Esta última operación, que para los investigadores no es más que una maniobra de lavado de dinero, fue concretada el 26 de febrero, apenas horas después de que la casa del financista en Lanús fuera baleada por desconocidos y sólo unos días antes de que éste desapareciera.
Las dos causas también tienen un personaje importante en común: Diego Xavier Guastini. Para Caputo, que el 24 de junio allanó sus oficinas en Florida al 500, sería el líder de una organización dedicada al lavado y tráfico de dólares y euros. Y el verdadero acreedor del matrimonio de la casa de Banfield. En la causa de Andrades, este hombre aparece como amigo, contador y última persona que vio a Hugo Díaz, el 9 de marzo.
Aquella mañana, Díaz fue a la oficina de Guastini y estuvo con él y con Luciano Viale, hijo del agente de inteligencia Pedro “El Lauchón” Viale (asesinado por la Bonaerense en un extraño episodio en julio de 2013). El financista salió del edificio por un acceso secundario, por lo que no quedó filmado. A partir de ese momento, salvo algún mensaje de texto, se le perdió el rastro.
Tanto Viale como Guastini declararon en la causa por la desaparición de Díaz y ambos hicieron referencia a problemas del financista con barrabravas de Boca y con acreedores que usaban los servicios de barras para cobrar deudas.
Sin embargo, ésta no es la única pista del caso, sobre todo teniendo en cuenta la información con la que la PSA fue alimentando el expediente a cargo de Caputo. En esa causa hay de todo: millones de dólares cruzando la frontera, un agente de inteligencia del Servicio Penitenciario Federal que aporta datos de delincuentes para extorsionarlos, un ex agente de la ex SIDE con contactos en el Aeropuerto de Ezeiza y hasta un ex juez de Instrucción asesorando a la cúpula de la banda.
En la causa hay escuchas que muestran que Díaz y Guastini tenían tanta confianza que, el 2 de febrero pasado, el financista recurrió a su amigo para que le prestara un lugar porque debía alojar a una de sus “novias”, que había venido del exterior. El contador le alquiló una habitación en el Hotel Faena.
Luego de la desaparición de Díaz, surgieron charlas de Guastini con la familia del financista que darían la impresión de que estaría vivo.
Más allá de esto, Guastini está comprometido en un caso de tres mulas detenidas en el Aeropuerto de Ezeiza cuando intentaban entrar al país unos 400.000 dólares. Por este caso, el juez Caputo ya lo citó a declaración indagatoria por los delitos de “tráfico internacional de divisas y lavado de dinero”. Pero además se le atribuye ser la persona detrás del alias “Diego Capo”, con el cual se encontraron los investigadores de la PSA al estudiar en conjunto una serie de episodios de contrabando de dinero descubiertos entre 2013 y 2014.
A Guastini también lo investigan por sus conexiones con otros tres expedientes: el de dos mulas españolas que ingresaron 1.200.000 dólares desde España en 2014 (una de ellas terminó viviendo en la casa de Alem al 1200); el de dos hombres que intentaron entrar de México con 679.000 dólares en 2013; y el de otros dos sospechosos que en 2014 fueron descubiertos tratando de sacar de la Argentina medio millón de dólares rumbo a Quito.
Mientras esta causa del fuero en lo Penal Económico avanza en paralelo con la de la desaparición de Díaz, en el análisis del entorno del financista desaparecido ya comenzó a trabajar la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
Uno de los puntos más interesantes a profundizar allí es el papel que pudo haber cumplido una iglesia evangélica –muy fuerte en Lima, Perú– que tiene su sede en la localidad de Florencio Varela. Por razones que la Justicia argentina aún no logra explicar, gran parte de los involucrados en la banda dedicada al lavado de dinero participan activamente de reuniones en ese templo.