Empezó a correr el calendario más caliente que adelantó la Corte Suprema de Justicia de la Nación para fin de año. El Máximo Tribunal “volteó” una cautelar y confirmó la vigencia de una ley que establece que los jueces -y empleados de ese poder- que asumieron desde 2017 deben tributar el impuesto a las Ganancias. Por el corto plazo que pasó desde que rige la norma, la medida es de impacto más simbólico que económico.

Hasta anoche, según pudo confirmar Clarín de fuentes judiciales, había una mayoría de tres firmas selladas para garantizar la decisión (Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti), pero cerca del mediodía, ya terminado el acuerdo entre los ministros, una fuente confirmó a Clarín que finalmente “salió por unanimidad”.

De todos modos, esa es otra discusión de fondo que involucra a todo el Poder Judicial. Se calcula que por la exención de este impuesto, el Estado dejó de recaudar este año entre 6.000 y 7.000 millones de pesos. Pero ahora sólo se discutió sobre los que asumieron desde 2017. En términos de fondos generales, una parte muy menor. Si se toman casos particulares, es mucho: un sueldo de 200.000 pesos brutos pagaría 50.000 por mes de Ganancias; uno de 300.000 serían 85.000. Los cargos altos en el Poder Judicial están en ese nivel. Y algunos más arriba aún.