El canciller Almagro le envió una carta a Timerman, en la que dice que la medida es “infundada” y que fue la Argentina la que no cumplió de buena fe con los compromisos.

El canciller uruguayo Luis Almagro respondió ayer con una dura carta la decisión de Argentina de recurrir nuevamente a La Haya para denunciar a Uruguay por haber autorizado la ampliación de la pastera. Para el país vecino, la decisión de Argentina de ir a la Corte por 100.000 toneladas de celulosa, “además de ser desproporcionadamente costosa, es infundada y atenta contra el principio del cumplimiento de buena fe de los tratados internacionales”.

Almagro dejó entrever que fue la Argentina la que demoró los plazos para responder a las consultas sobre la autorización de la pastera. “El cumplimiento de buena fe de los compromisos internacionales no es compatible con generar por la vía de los hechos un derecho de veto que no existe y que no ha sido reconocido ni por el Estatuto del Río Uruguay ni por el fallo de la Corte” de 2010, a partir de la prolongación indefinida de los mecanismos de información y consulta, afirmó.

Almagro expresó, además, “sorpresa” ante la posición argentina de “reevaluar” la relación bilateral. Se quejó de las constantes medidas unilaterales argentinas y dijo que espera que no signifique volver al bloqueo de puentes, a las trabas comerciales y a otros obstáculos. Por último, llamó a constituir una mesa de diálogo.

Aquí la carta completa:

“Sr. Ministro de Relaciones Exteriores y Culto
Héctor Timerman
Presente.-

Señor Ministro,
Tengo el honor de dirigirme al señor Ministro con relación a su Nota de fecha 13 de junio del presente año, en la cual se refiere a la decisión adoptada por el gobierno uruguayo en relación al incremento de la capacidad productiva de la planta de UPM.

En primer lugar, permítame disipar cualquier malentendido respecto a la naturaleza de esta decisión, que en modo alguno debe verse como un gesto inamistoso hacia la República Argentina, ya que para nuestro gobierno la amistad entre nuestros dos países constituye un mandato irrenunciable.

Nacimos a la vida independiente con ese mandato. Y también desde entonces venimos enfrentando los mismos problemas en relación a los temas estructurales y prioritarios de la relación bilateral. Aquellos que nos dan una identidad nacional, que revisten nuestro interés nacional y que hacen a la razón de ser de nuestros países.

Ya en el año 1813, en las Instrucciones de la delegación de la Provincia Oriental a la Asamblea General Nacional Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, se planteaban esos temas. Se hacía referencia específicamente al puerto de Colonia, al Puerto de Montevideo, al Puerto oceánico, así como a los problemas comerciales y arancelarios que dificultan nuestra integración hasta el día de hoy.

En febrero de 1816, José Artigas señalaba frente a un Tratado de Armisticio suscrito por el Primer Triunvirato de Buenos Aires, que traicionaba a todas luces la lucha independentista de nuestro pueblo que “Nada tenemos que esperar sino de nosotros mismos”. Aún a pesar de esta desazón histórica, nuestro país siempre estuvo y estará abierto al diálogo y a la negociación.

En tal sentido, Uruguay está dispuesto a negociar sin dilaciones. De la misma forma en que no hemos dilatado las decisiones que correspondían para autorizar y favorecer el desarrollo productivo nacional desde las inversiones de UPM, Difalor y otros proyectos de infraestructura o de navegación que cumplan con las exigencias legales nacionales.

Es una afirmación infundada sostener que la autorización de las autoridades nacionales constituya una violación de nuestras obligaciones internacionales o una ruptura unilateral del mecanismo de consultas entre ambos países. Por el contrario, se trata de la conclusión de un extenso proceso de análisis y consultas realizadas a partir de una solicitud de la empresa UPM presentada en abril del año 2011 y canalizada a través de los organismos nacionales competentes.

Este proceso determinó la viabilidad medioambiental de la solicitud y su conformidad con la normativa uruguaya vigente, pero también incluyó el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Estatuto del Río Uruguay, particularmente las previstas en sus artículos 7 a 12 respecto al procedimiento de consulta e información entre las partes.

En tal sentido, me permito reafirmar los términos de mis Notas del 16 de octubre y 1º de noviembre de 2013. Ellas dan cuenta de la legitimidad de la decisión adoptada, luego de haberse agotado los plazos procesales del citado procedimiento de consulta y haber presentado nuestro país la información completa conforme a lo dispuesto por la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia del 20 de abril de 2010.

Asimismo, quisiera expresar mi sorpresa ante la intención de su gobierno de reevaluar todas las políticas de relacionamiento bilateral con Uruguay, dado que el gobierno uruguayo ha reclamado en forma reiterada un ejercicio conjunto de esa naturaleza, orientado a examinar y dar respuesta a las medidas unilaterales que la República Argentina ha venido adoptando y que perjudican injustificadamente al comercio, el turismo y los puertos uruguayos, así como las hidrovías de la región y en definitiva, perjudicando también la integración regional.

La decisión de su gobierno de recurrir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya por 100.000 toneladas de celulosa además de ser desproporcionadamente costosa, es infundada y atenta contra el principio del cumplimiento de buena fe de los tratados internacionales.

La buena fe en el cumplimiento de los Tratados implicaría que la República Argentina hubiera aprobado en la CARU los proyectos de aumento de producción de UPM, el proyecto de DIFALOR, los proyectos de infraestructura y navegabilidad del Puerto de Nueva Palmira, dentro de los plazos previstos por el Estatuto del Río Uruguay.

El cumplimiento de buena fe de los compromisos internacionales no es compatible con generar por la vía de los hechos un derecho de veto que no existe y que no ha sido reconocido ni por el Estatuto del Río Uruguay ni por el fallo de la Corte Internacional de Justicia del año 2010, a partir de la prolongación indefinida de los mecanismos de información y consulta.

Sin perjuicio de lo expuesto, Uruguay ha seguido negociando y respetando el cumplimiento de los plazos previstos por el Estatuto.

De la misma manera, en el marco del Derecho y de las instancias multilaterales y regionales Uruguay estará dispuesto de todas formas a probar su razón, como ya lo hizo tanto en la Corte Internacional de Justicia como en el Tribunal Arbitral del MERCOSUR.

El gobierno uruguayo espera que esta revaluación que Ud. anuncia no signifique un abandono unilateral del diálogo entre nuestros dos países, que seguramente alentará un retorno a una de las peores épocas de las relaciones bilaterales, al bloqueo de los puentes binaciones, la paralización de la integración fronteriza, la puesta de obstáculos a los dragados y las obras de infraestructura en los ríos comunes y a las trabas al comercio.

Descarto que esté en el ánimo de su gobierno favorecer un futuro tan regresivo y ensombrecedor para nuestras relaciones.

Por el contrario, nuestro país aspira a que la República Argentina renueve su voluntad de diálogo honrando así una tradición que en numerosos momentos de nuestra historia común ha permitido superar los conflictos de intereses que se han presentado.

Tal como lo expresara en mi Nota de 1º de noviembre de 2013, le reitero mi más plena disposición para constituir una mesa de diálogo bajo nuestra dirección, con la finalidad de abordar todas las cuestiones de las relaciones bilaterales que ocasionen diferencias o controversias entre nuestros países, con el ánimo de procurarles soluciones mutuamente aceptables.

Hago propicia la oportunidad para reiterarle al Señor Ministro, las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

Luis Almagro Lemes
Ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay”