Exactamente un año después de que el presidente de Nigeria, Goodluck Jonathan, declarara un “estado de emergencia ” en el noreste del país, esta medida pareciera haber tenido poco efecto en la reducción de la insurgencia islamista.
Los ataques perpetrados por el grupo Boko Haram, que incluyen un asalto a un cuartel militar, la detonación de una bomba en una estación de autobuses en la ciudad norteña de Kano y el secuestro de una familia francesa, entre ellos cuatro niños, atrajeron la atención del mundo.

La declaración del estado de emergencia traería “medidas extraordinarias” de apoyo contra los insurgentes, con el fin de “restablecer la normalidad” en la región, dijo el mandatario.
“Las tropas tienen órdenes de realizar todas las acciones necesarias, dentro del ámbito de sus reglas de combate, para poner en fin a la impunidad de los insurgentes y los terroristas”, comentó Jonathan.
Durante las últimas semanas, casi 12 meses después de que el estado de emergencia entrara en vigencia, Boko Haram ha atacado varias bases militares, bombardeado -dos veces- una terminal de autobuses en la capital, Abuja, y secuestrado a más de 200 niñas de una escuela en Chibok, lo que lo puso en la mira del mundo.
“Cuando lo declararon pensé que había que verlo en marcha”, dice Habeeb Pindiga, editor del diario Daily Trust de Nigeria, “pero la verdad es que no ha tenido éxito”.
El año anterior a declarar la emergencia en los estados de Adamawa, Borno y Yobe, hubo 741 civiles muertos reportados, según los datos recogidos por la Universidad de Sussex en Reino Unido.
Gráfico
En los 12 meses transcurridos desde su declaración, la cifra de víctimas civiles se ha más que triplicado, alcanzando las 2.265.
Catch-22
Pindiga dice que los militares no han sabido ocuparse del grave problema que enfrentan.
Debido a su historial en derechos humanos, la gente no confía en los militares. Eso, sin contar su falta de equipamiento moderno, entrenamiento y motivación.
Un oficial de las fuerzas armadas de Reino Unido, que ha trabajado estrechamente con los nigerianos, dice que están atrapados en una situación Catch-22, es decir, una paradoja de la cual no se puede escapar debido a reglas contradictorias.

“El problema con el gobierno de Nigeria es que esperan tener un gran botón rojo, que al apretarlo se soluciona todo”, dice James Hall, coronel retirado y exagregado militar de Reino Unido a Nigeria.
“Un comandante de alto rango me preguntó si podíamos venderle una máquina para detectar en la carretera si un automóvil era manejado por un terrorista”, añadió.
“Traté de explicarle que esa máquina no existe, pero pensaron que se no se la queríamos vender”.
Reino Unido es muy cuidadoso a la hora de darles entrenamiento. La venta de equipos más modernos también es problemática.
“Hemos reducido drásticamente los tipos de entrenamiento y el equipamiento que estamos dispuestos a ofrecer”.
Human Rights Watch y Amnistía Internacional han criticado tanto a los militares nigerianos como sus tácticas.
Amnistía informó que unas 600 personas fueron asesinadas por militares tras el ataque al cuartel de Giwa de Maiduguri en marzo.
La venta de armas letales a Nigeria está prohibida por la legislación de Reino Unido.
Ejército de Nigeria
Debido a su pasado, la gente en Nigeria no confía en el ejército, según los expertos.
“Sin el entrenamiento no van a ser capaces de conseguir el equipo y nosotros no les estamos dando el entrenamiento tampoco”, dijo Hall.
El conflicto lleva al éxodo
Aunque el ejército de Nigeria goza de buena reputación a nivel internacional debido a su participación en varias misiones de mantenimiento de paz en África, no ha escapado de la sombra de su pasado.
“Lo que dicen del anterior régimen militar es cierto”, acota Hall.
“Ellos paralizan sus fuerzas armadas, así no hay nuevos golpes de estado”.
El ejército nigeriano rechaza esas críticas.
En declaraciones a la prensa el 7 de mayo en Abuja, el general de brigada Olajide Laleye le dijo a los periodistas que los militares estaban haciendo todo lo posible para detener la insurgencia.